Decenas de padres de familia de alumnos del Jardín de Niños «Instituto de Protección a la Infancia», ubicado en Soledad de Graciano Sánchez, se manifestaron este lunes, para exigir la renuncia de Juana Miranda Parra, directora del plantel, ya que denuncian una serie de irregularidades administrativas, financieras y de conducta de su parte, en contra de los niños, padres de familia y docentes.
Brisa Marisol Muñoz, madre de familia afectada, acusó ante los medios de comunicación, que la Miranda Parra jaloneó a su hijo, lo metió a la fuerza al baño, e incluso el niño, por el temor, se hizo «pipi». La madre explicó que presento la queja ante la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), por la violencia ejercida a su hijo menor, sin embargo los meses han transcurrido y no se ha procedido la denuncia en su contra.
«No tiene ética, no tiene educación […] un niño de 3 años, ¿cómo se va a defender de ella?», señaló.
Señalaron que tanto a los menores como a los docentes les habla mal, les grita y los humilla enfrente de todos los padres de familia, por diversas circunstancias. También la responsabilizan de la desaparición de material didáctico y de estudio que les piden al inicio del ciclo escolar, puesto que la directiva «se lo lleva a su casa», a ojos de todos.
Los padres molestos, agregaron que la mujer se jacta de tener «palancas» en el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), por lo que asegura no procederá ninguna denuncia en su contra, por esto no la han cambiado y sigue abusando de la comunidad estudiantil.
En cuanto a lo financiero, denunciaron que exige a los padres cuotas excesivas, además de pagarlas a plazos cortos; aunado a esto, hay facturas alteradas, en donde las cantidades de $300 pesos, son infladas hasta por $1 000 pesos, bajo su autorización.
Incluso, los inconformes expresaron estar en desacuerdo por su forma de vestir y comportamiento, debido a que las uñas en las manos son de medidas exageradas, «su imagen no es de una maestra de Kinder, los niños no la ven como maestra».
Explicaron que esperarán una respuesta inmediata de parte de la SEGE, sino procederán a formalizar la denuncia ante las dependencias de justicia, así como de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).