La organización Ciudadanos Observando dio a conocer que desde 2017, Bernardina Lara Argüelles y Francisca Reséndiz Lara se encuentran bajo investigación de la Fiscalía General de la República (Entonces Procuraduría General de la República), por diversos delitos.
Algunos de los delitos por los cuales están siendo investigadas, es por su posible responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita, evasión fiscal, tráfico de influencias, cohecho y asociación delictuosa.
Las lideresas sindicales también tienen investigaciones ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, según documentos en poder de Ciudadanos Observando y que le fueron proporcionados por el denunciante en cuestión.
La investigación comenzó a partir de una denuncia ciudadana presentada el 23 de enero del 2017, en la cual, se advierte la posible responsabilidad de ambas lideresas sindicales en los mencionados delitos, los cuales, habrían sido realizados al utilizar de manera ilegal los fondos de los sindicatos que actualmente representan.
En una parte de la denuncia, el promovente advierte: “se sabe que llevan una vida ostentosa, llena de lujos, que derrochan dinero, realizan viajes fuera de la ciudad y del país, cuentan con propiedades onerosas y vehículos de lujo”; por ejemplo, a esa fecha Reséndiz Lara había comprado en menos de cinco años, cinco lujosas casas valuada en por lo menos 10 millones de pesos, dos de las cuales se ubican en fraccionamientos exclusivos como El Campestre.
Además, también en ese tiempo, la lideresa del SITTGE tenía dos hijas que estudiaban en Canadá y Suiza. Cuenta además con por lo menos tres cuentas bancarias en Banorte. Una del SITTGE, otra personal, y una de los trabajadores, de donde se transfieren recursos financieros a su cuenta personal.
La denuncia pide a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores “recabar la información bancaria de las lideresas, a fin de que se conozca con precisión su contenido, así como la diversa apertura de cuentas bancarias y sus manejos legales”.
De ser declaradas culpables por estos delitos, según el artículo 400 del Código Penal Federal, las lideresas podrían enfrentar de 7 a 22 años de prisión, multas de mil 500 a 7 mil 500 días de salario, la inhabilitación para desempeñar su cargo o comisión público y el decomiso de los recursos o dinero.
