Desde hace un mes, aproximadamente, las instalaciones de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de San Luis Potosí (CEEAV), presidida por Jorge Vega Arroyo, permanecen tomadas por decenas de personas que claman justicia para ellas y familiares, luego de que han pasado años y los casos no han sido resueltos por las instancias autónomas y del Estado, obedeciendo presuntos encubrimientos e ineficacia gubernamental.
Ahí, más de 30 personas, que se turnan durante todo el día para realizar necesidades personales y físicas, han bloqueado estas oficinas ubicadas en la calle Ignacio López Rayón, en el Centro Histórico, como una manera de presión al Gobierno del Estado, para que agilice los procesos de investigación y que los responsables de los distintos hechos de injustica, reciban castigo penal.
A continuación, le presentaremos tres casos de estas víctimas, quienes han vivido situaciones graves que siguen impunes, incluso desde hace 12 años. Negligencia médica, homicidio y procesos largos legales por nepotismo, son algunos de los casos que denuncian y que continúan en la desesperación por ver la justicia.
AGRESORA, LA SOBRINA DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
El primer caso, se trata de Mario Hernández Bravo, quien denunció a su ex pareja por el maltrato y violencia dado a sus hijos menores de edad, pero que por tener parentesco familiar con el actual Secretario General de Gobierno, Alejandro Leal Tobías, la mujer goza de impunidad y se burla de la justicia.
Hace seis meses, la mujer –de quien se desconoce el nombre- fue denunciada por su pareja, pues existen fotos, videos y personas testigos, con los que se constata el maltrato físico, verbal y psicológico que sufrían dos menores de edad, de 4 y 6 años, de manera constante.
El hombre detalla que la licenciada que llevaba su caso, le afirmó que no se podía avanzar mucho en su denuncia, pues se trata de la sobrina de un funcionario estatal y que todo debe llevarse bajo el agua, que era un caso especial y que no quería poner en riesgo su integridad, a su familia y su trabajo, por el hecho de avanzar en las investigaciones de violencia familiar.
El caso se logró cambiar de abogado, pero las cosas no cambiaron mucho, pues los reportes y el expediente fueron presentados de manera “ligth”, para que no sea tomados con gravedad.
Aunado a lo anterior, Mario señaló que hace apenas 3 semanas la mujer abandonó a sus hijos en la escuela, por lo que él tuvo que recogerlos y cuidarlos. Primero, abandonó al menor de 4 años y una semana después, al de 6 años.
No conforme con eso, dijo que la mujer se burla constantemente de las circunstancias, donde le asegura que su “tío” nunca le hará nada y que una persona que labora en el DIF Municipal, es su amiga.
Expresó que se encuentra desesperado, “pues no hay a quien decirle”…
12 AÑOS EN BUSCA DE JUSTICIA PARA SU HIJO
La situación de Jorge Rodríguez, otra de las víctimas encadenadas afuera de la CEEAV, refiere a una negligencia médica realizada a su hijo, en agosto del año 2007, en el Hospital Central “Ignacio Morones Prieto”, cuando fue intervenido en una operación cerebral, debido a que le habían diagnosticado cáncer y tenía un tumor en la cabeza.
Señala que durante la cirugía, realizada por los doctores Juan Carlos C. y Jaime T. C. , pedazos de gasa fueron olvidados dentro del cerebro del menor, situación que afectó el sistema central nervioso y lo llevó a convertirse en una persona totalmente dependiente, pues sufre discapacidades múltiples irreversibles.
Aunque el niño logró vencer el cáncer que padecía, hoy no realiza ningún movimiento físico por sí solo y debe ser vigilado las 24 horas del día.
Jorge acusa un ineficacia de parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, pues han sido “12 años de entorpecimiento, para tener acceso a la justicia”, esto a pesar de que a su denuncia se han sumado dependencias autónomas como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Hemos llegado al hartazgo por el encubrimiento de las autoridades del estado hacia los responsables de la discapacidad de mi hijo, señaló conmocionado.
«MI HIJO NO TIENE PRECIO»
Otra de las personas que piden la atención de la CEEAV, es la señora Silvia Castillo Hernández, que exige cárcel para los responsables de la muerte de su hijo, ocurrida en el mes de marzo.
Ella explica, que su hijo, Alan Francisco, salió acompañado de varios conocidos y después fue encontrado quemado y sin vida, el 24 de marzo, sin que hasta la fecha el asesino haya sido capturado, a pesar de existir fuertes señalamientos de prueba, como partícipe de haberle quitado la existencia.
Silvia acusa que el presunto responsable es familiar de tres abogados, razón por la que cree, las autoridades no han llevado a cabo su detención, siguiendo impune la muerte de su hijo.
Angustiada, señala que le han dicho que existe una indemnización económica, sin embargo ella pide justicia con cárcel para el asesino. Pide tanto a la CEDH como a la CEEAV, realizar las investigaciones contundes y que de esta manera, se gire prisión preventiva para el homicida.
Así también, pide al titular de la CEDH, detener el hostigamiento en su contra, cuando acude a las oficinas a pedir el avance del caso, pues asegura que las secretarias de la institución la agreden tomándole fotografías, son groseras y se burlan de ella.
En conjunto, señalaron que es cuestión del Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, para poner orden a su protesta y que puedan desalojar las instalaciones, luego de que los acusan de negar el servicio de otras personas que no han podido realizar sus denuncias, pues las oficinas están totalmente cerradas.
No obstante, aseguran que se trata de una causa común y que desean que con esta manifestación, cambie la manera de operar ineficiente, y que se garantice justicia a todas las personas que acuden a solicitar la resolución de sus casos.
Así, temen por las represalias que pudiera emprender el Gobierno del Estado, pues les han advertido que si no se retiran de manera voluntaria, se haría uso de la fuerza pública.
