Aunque el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, se esfuerza en promocionar un supuesto “gobierno cercano y sensible”, la realidad dentro de su administración muestra otra cara: seis denuncias por acoso laboral y dos más por acoso sexual se han acumulado, algunas de ellas contra directores municipales. Estas acusaciones reflejan un ambiente de hostigamiento y abuso que ha sido solapado bajo la permisividad del propio edil.

A pesar de la gravedad de los señalamientos, la actuación tanto de la Contraloría como de la Unidad Investigadora ha sido lenta y poco transparente, alimentando la percepción de un encubrimiento para proteger a funcionarios allegados al alcalde. Que varios servidores públicos permanezcan en sus cargos mientras son investigados evidencia la falta de seriedad con la que se atienden las denuncias, aun cuando la regidora Luz Magdalena Cisneros Jiménez asegure que hay un “seguimiento puntual”.

Es contradictorio que un gobierno que presume programas de igualdad y respeto a los derechos humanos permita que en su propia plantilla laboral se acumulen casos de hostigamiento contra trabajadoras municipales. La implementación de un protocolo contra la violencia laboral llega a destiempo y parece obedecer más a la presión social que a un compromiso auténtico de Galindo y su equipo de trabajo.