El pasado 12 de marzo, el Frente Ciudadano Anticorrupción y representantes legales de una empresa, presentaron denuncia en contra de Mónica Liliana Rangel, actual candidata a la gubernatura de San Luis Potosí, ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR), en la Ciudad de México.

La solicitud para que la UIF inicie una investigación a la extitular de los Servicios de la Salud, se justifica a que existen probables irregularidades financieras como lo son «irregularidades en pagos, procesos de compra, cotizaciones, empresas fantasma y fachada, robo de identidad, falsificación y demás ilegalidades», todo esto con una representividad que suman alrededor de 500 millones de pesos, recurso del Gobierno Federal entregado en 2017 y 2018, mientras Rangel Martínez era secretaria de Salud.

Se añade en la denuncia, el posible contubernio con el empresario Gabriel Salazar, a quien le habrían pagado diversos contratos con algunas de sus empresas, las cuales eran fantasma o no hicieron el trabajo contratado, pero si cobró millones de pesos, por lo que pide la investiguen en presuntos delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada, simulación de operaciones e incluso el de defraudación fiscal, «para seguir el flujo del dinero depositado inicialmente por los Servicios de Salud del Estado a las diversas cuentas fiscales, la dispersión del dinero, detectar esas cuentas y el destino final de los recursos públicos que fueron depositados en las diversas cuentas fiscales».

A la Fiscalía General del país, se le pide a su titular, Alejandro Hertz Manero, atraiga las denuncias presentadas también en el Estado, ya que se asegura que por ordenes y presión del gobernador Juan Manuel Carreras, se les ha negado el acceso a la carpeta de investigación, por la estrecha relación que existe con el delegado Lic. Rodolfo Hernández Limón, con el fin de proteger a Mónica Rangel, quien aspira llegar al Gobierno estatal por el partido MORENA.

El grupo de denunciantes, explicaron a la UIF que dicha denuncia ya había sido presentada ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pero que por la contingencia sanitaria, se vieron obligados a entregar más de mil impresos que integran la querella de forma electrónica y que la dependencia tuvo problemas técnicos para descargarlos.