Debido a que se violó la suspensión de plano de un juicio de amparo, promovido por el comunero Juan José García Granja, para evitar se siga promoviendo la venta y compra de terrenos de uso común en San Juan de Guadalupe, un Juez determinó detener toda acción que tenga relación, luego de la reunión comunal, el pasado 21 de julio.
El pasado 21 de julio, el grupo empresarial de Espacios en el Horizonte, se reunió con ejidatarios y comuneros de San Juan de Guadalupe y sus nexos Tierra Blanca y San Miguelito, con el fin de avanzar en el acuerdo para ceder/vender propiedades de terreno, para futuros proyectos inmobiliarios.
Sin embargo, desde marzo de este año, existe un juicio de amparo otorgado y promovido por el ciudadano Juan José, para que “no se ejecuten o se sigan ejecutando los actos que conlleven la privación de derechos agrarios sobre las tierras de uso común, propiedad de la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, hasta en tanto se notifique a las autoridades la resolución que decida el fondo del asunto”. Ante esto, se abrió un incidente de violación a dicho amparo, por lo que el Juez Octavo de Distrito en San Luis Potosí -mismo que emitió el amparo- , ordenó que diversas autoridades den una explicación a fondo sobre lo ocurrido en la pasada reunión comunal, en la que se pretendió aprovecharse de más de 2 mil hectáreas.
El alcalde de la Capital, Xavier Nava Palacios y su titular de la Dirección General de Seguridad Pública, deberán informar sobre el operativo policiaco municipal que se desplegó en las inmediaciones del lugar donde se realizó la reunión. Cabe mencionar que, incluso, fueron contratados elementos de seguridad privada, que ayudaban a resguardar el exterior del sitio.
Por su parte, la empresa mobiliaria Espacios en el Horizonte, deberá aclarar cuál fue su participación en dicha asamblea, donde se realizó un convenio, pro medio de un contrato, entre el propietario de la misma, Carlos El «Chato» López Medina y la comunidad de San Juan de Guadalupe.
De igual forma, el Comisario de Bienes Comunales deberá presentar ante las autoridades judiciales, los oficios de la Procuraduría Agraria, en los que se le pidió asistir a la asamblea general.
También, el Consejo de Vigilancia de la comunidad, deberá informar de los acontecimientos suscitados ese día, aunado a las participaciones de los notarios públicos de las oficialías 11 y 36, que también estuvieron presentes.
Sumado a los anteriores, las delegaciones en San Luis Potosí, del Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria, así como el Instituto Municipal de Planeación, deberán emitir su postura ante la asamblea y aclarar si hubo o no participación en la misma.
