El proceso para la elección de la nueva presidenta de Derechos Humanos en San Luis Potosí, está viciado por el Congreso local, tiene mano del Gobierno de Carreras López, fue lo que denunciaron, esta mañana, representantes de la organización Cambio por San Luis.
Luego de que, el día de ayer, el Pleno del Congreso se declarara incapaz de elegir a la mujer que presidirá la nueva gestión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, debido a que los 18 votos requeridos para una de las aspirantes no se lograra, porque los diputados se mostraron muy disparejos y sólo evidenciaron una lucha de poder, al querer imponer a su candidata y por lo que decidieron aplazar la elección hasta el próximo lunes, los activistas sociales, anunciaron que impugnarán cual fuere el resultado ese día.
Denunciaron que en este tema, hay imposición del Gobierno Estatal, para que una de las tres finalistas a ocupar el cargo, sea electa y desarrollarse como una ombudsman a modo.
Las tres candidatas que ayer avanzaron en la preferencia de los diputados, son Giovanna Argüelles, Karina Rangel y Celia García. Ellas, son afines a algún partido político y tienen relación con el poder, explicaron las denunciantes.
La Comisión de Derechos Humanos del Congreso, debieron haber dictaminado quien es la candidata más idónea para los potosinos, para eso se les esta pagando, es hora de que se sienten y de «verás» hagan las cosas como las necesitan los ciudadanos, argumentaron.
Por último, externaron que previo a la elección hicieron llegar un documento a todos los legisladores, sin embargo menos de la mitad de ellos accedieron a leerlo, en donde se les pedía que eligieran a la mejor mujer ciudadana para este puesto.
