El Ayuntamiento de la Capital está envuelto en una denuncia de acoso e intimidación laboral, despido injustificado y desvío de recursos públicos, derivado de una denuncia hecha por una extrabajadora de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, quien señala que al interior del gobierno municipal que encabeza Enrique Galindo Ceballos, opera una red de corrupción.
Erika Tapia, excolaboradora del Ayuntamiento de San Luis Potosí, denunció la existencia de una red de corrupción, cuotas laborales y aviadores al interior del gobierno, lo cual ha sido permitido por el edil, Enrique Galindo Ceballos.
En su denuncia, explica que mientras fue trabajadora de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, se vio obligada a entregar el 5% de su sueldo al regidor del extinto PRD, Jorge Alberto Zavala López, quien le habría invitado a trabajar en el Ayuntamiento, a él y a otros trabajadores del PRD. La condición fue que debian entregar un porcentaje del sueldo, por que “gracias a él, vamos a tener un empleo y vamos a estar acomodados en el Ayuntamiento”. Los pago se hacían a una mujer de nombre Mariana Cervantes, secretaria particular y pareja sentimental de Zavala López.
La exempleada municipal denunció que tras aceptar las condiciones laborales, comenzó a sufrir acoso e intimidación laboral por parte del director de la Gestión del Centro Histórico, José de Jesús Becerra, también extrabajador del PRD, junto a la hermana de Zavala López, Liliana Zavala López -coordinadora administrativa de la dependencia-. Este acoso venia desde el PRD y fue permitido por el regidor Jorge Alberto Zavala cuando era dirigente estatal.
Erika Tapia denunció además que obligaron a su hija, Karla Pamela Meléndez Tapia, a firmar un contrato laboral y una declaración patrimonial, cuando ni siquiera era trabajadora del municipio, pero que si estaba dada de alta y recibia sueldo, sin embargo, era a una tarjeta que nunca tuvo acceso y era manejada por Zavala López.
Otra situación que denunció la víctima, es que ella realizaba labores en un área jurídica, pero su puesto era distinto a su encomienda, ganando un sueldo inferior y que no correspondía a su desempeño.
Cuando, Erika Tapia puso una denuncia en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Ayuntamiento decidió acabar con su contrato y arrebatarle el empleo de la manera màs vil, y aunque quiso acercarse a la Instancia de las Mujeres del Ayuntamiento, su titular, Martha Orta Rodríguez, le negó el apoyo y la asesoría, dejando en evidencia que el mensaje de “Cero Tolerancia a ala Violencia contra la Mujeres”, que promueve Galindo es una farsa y una mentira.
