No solamente el Gobierno del Estado recibió solicitudes de aclaración, por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por el gasto de recurso federal en proyectos y destinos no justificados, sino también el Ayuntamiento de la Capital, que encabeza Xavier Nava Palacios. 

La ASF pidió a la actual administración municipal, aclarar montos y su destino por 6.4 millones de pesos del año 2018, como parte del subsidio para el fortalecimiento en el desempeño en materia de seguridad (Fortaseg).

Aunado a esta solicitud, se le suma al Ayuntamiento, otra por la aclaración de 137.1 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FortaMun), lo que suma una cantidad sin justificar de 143.5 millones de pesos. 

Aunque la revisión del año 2018 incluye responsabilidad de la anterior administración, durante la gestión de Nava Palacios también existen responsabilidad por asumir. La primera observación se originó por la falta de acreditación de 2.6 millones de pesos que comprueben el pago de evaluaciones de control y confianza de la DGSPM.

Además, en abril de 2019, la ASF, detectó irregularidades por 3.8 millones de pesos que no fueron gastados en el lapso que debía, por lo que se abrió un procedimiento para posibles sanciones administrativas.

Otros 38.6 millones de pesos fueron observados por la ASF, por la emisión de 5 contratos en la compra de dos camionetas, un auto y una motocicleta, cuyos proveedores no aparecen en el Registro único de Proveedores y Contratistas de la Secretaria de la Función Pública. También se detectó la falta del procedimiento correcto para la entrega de licitación de servicios de telecomunicaciones.

Esto es, solo una parte de las irregularidades que guarda la actual administración y su alcalde, Nava Palacios, pues no son las únicas en otros rubros.

A 17 meses de su gestión, los reclamos, señalamientos y acusaciones en contra del funcionamiento del Ayuntamiento de la Capital, incrementan por parte de distinto sectores de la población.

Lo más reciente son las inconformidades que mantienen comuneros de San Juan de Guadalupe, quienes se oponen a la aprobación de cambios de uso de suelo de área protegida para el inicio de construcción de fraccionamientos.

Otra problemática latente es la que se mantiene con comerciantes ambulantes del Centro Histórico, a quienes se les quita, se les prohíbe vender y se les discrimina, frente al padrón total de vendedores.

Los señalamientos por violación de derechos humanos, que ya originó el avance de un juicio político en contra del presidente municipal y el encubrimiento de actos de corrupción de personal que labora en la administración, como es el caso de la delegada de INTERAPAS, Natalia Castillo Vera, quien ya no regresó casi 90 mil pesos para una presunta obra hidráulica en el municipio de Cerro de San Pedro.

Y que decir de la falta de atención en los servicios públicos, como es el alumbrado público y los hoyancos en toda la ciudad, por los que ha intentado poner en marcha programas que han fallado, que han dejado que desear sobre la inteligencia de los funcionarios «fifís» de esta administración, como lo fue el reciente bacheo «con las patas»: