Mientras los ciudadanos exigen transparencia y meritocracia en el sistema judicial, el abuso de poder de la consejera y sus cómplices, desde familiares, amigos y hasta compadres, se encuentran bajo escrutinio.

El Poder Judicial del Estado se encuentra en medio de un escándalo que ha dejado al descubierto una red de nepotismo y favoritismo en su interior. La consejera estatal Diana Isela Soria Hernández ha sido señalada como presunta responsable de otorgar puestos clave a familiares, compadres y amigos, en flagrante violación de los principios de transparencia y meritocracia.

A través de la página de transparencia, así como de diversos testimonios de empleados, se ha descubierto que al menos 16 personas cercanas a la consejera ocupan cargos dentro del Poder Judicial de San Luis. La hermana de Soria Hernández, Lucía Elizabeth Soría Hernández, encabeza la lista de privilegiados, a pesar de no cumplir con los requisitos profesionales exigidos por la ley. Lucía ostenta el nivel 13, el más alto entre los sindicalizados, y tiene el control de las finanzas en la Dirección de Recursos Financieros.

Pero la lista de acomodos familiares continúa, revelando un entramado nepotista que involucra a la hija de Lucía, Diana Elizabeth Flores Soria, así como a sobrinos y sus respectivos cónyuges. Incluso los hijastros de la consejera, Carlos Alberto y Mariely Cisneros Campos, han sido beneficiados con cargos destacados dentro del Poder Judicial.

El escándalo no se limita a los lazos familiares de Soria Hernández. Dos compadres de la consejera, Rodolfo Rivera y María Fernanda Rodríguez García, también se han beneficiado de su posición, ocupando puestos clave en el organismo.