En el marco de las disposiciones de la ‘Ley 3 de 3’ contra la violencia, candidatos con sentencias por violencia política en razón de género, violencia sexual o morosos de pensiones alimentarias no podrán participar en el proceso electoral 2024.
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) y el Poder Judicial del Estado (PJE) han suscrito un convenio de colaboración para implementar esta medida, con el objetivo de evitar que violentadores en materia de género accedan a cargos públicos.
La presidenta del Consejo, Paloma Blanco López, ha indicado que el primer filtro para identificar estos perfiles debe ser responsabilidad de los partidos políticos al momento de aprobar a los aspirantes a las candidaturas.
A partir del próximo 1 de marzo, el Ceepac revisará detalladamente a los candidatos para cargos locales. En caso de encontrarse con perfiles que hayan sido sentenciados por violencia de género o que sean morosos de pensión alimenticia a sus hijos, se procederá a la baja de su candidatura, debiendo los partidos designar a un nuevo candidato en su lugar.
Es importante destacar que la aplicación de esta ley será únicamente en los casos donde ya exista una sentencia dictada, respetando así el derecho a la presunción de inocencia.
