Al mediodía de este domingo, policías municipales de la capital potosina detuvieron de manera arbitraria y con uso irracional de la fuerza, a la reconocida defensora de derechos humanos, Celia García Valdivieso, quien al intervenir en una detención irregular de un joven por su apariencia, fue violentada, detenida y llevada a la comandancia poniente de la corporación.

Este hecho encendió las alertas entre asociaciones y defensores de los derechos humanos, quienes mostraron tota indignación y rechazo a la manera de conducirse los policías, quienes deben demostrar con el ejemplo su vocación, preparación policial y actuar decente y profesional. Además, señalaron a la corporación municipal de la capital por carecer de protocolos eficientes, a pesar de que el alcalde, Enrique Galindo Ceballos, se jacta de tener amplia formación policial y que ello es su bandera.

En los relatos, se informó que los hechos ocurrieron en la colonia El Paseo, muy cerca de la Casa Hogar del Niño, donde Celia García y el joven salían de un retiro espiritual. Al ser observado por los policías, el joven fue revisado sin razón, con el argumento de llevar una mochila negra. Al ser avisada de lo ocurrió, la abogada y activista se presentó como defensora del joven y pidió a los agentes desistir de la detención, toda vez que no existía flagrancia ni comisión de delito.

Los policías molestos por el actuar ciudadano, no sólo determinaron detener al joven y esposarlo, sino también a la activista a quien la introdujeron a la patrulla sin la presencia de una mujer policía, señalando de detenida.

A ambos los trasladaron a la comandancia Poniente, en Periférico y carretera a Matehuala, en donde las autoridades negaron dar información de la situación a familiares y defensores de los derechos humanos que ya se encontraban en el lugar, en la exigencia de su compañera.

Finalmente, fueron liberados luego de que el caso se viralizara en redes sociales y se hiciera público el llamado de auxilio ante una abusiva, irregular y mal aplicada actuación policial.

Los señalamientos han sido diversos y contundentes: una corporación con más de 1,000 policías no puede estar ejecutando aseguramientos de jóvenes por su simple apariencia, mucho menos, criminalizar la defensa legal de los derechos humanos en contra de activistas que se presentan como tal y exhiben la podredumbre de los policías capitalinos.