Por presuntas irregularidades, como hostigamiento laboral, violencia de género y «dar línea» en la resolución de casos, dentro del Supremo Tribunal de Justica en el Estado, su presidente Juan Pablo Almazán Cué, ha sido denunciado por cuatro de los jueves y una ex magistrada, de esta institución.
La denuncia fue presentada al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al Congreso del Estado y al Gobernador, Juan Manuel Carreras López.
Los denunciantes: Emilio Ortiz Monroy, Julián Ruiz Contreras, Juan Fernando Salazar Hernández (Jueces de Primera Instancia), Javier Pérez Contreras (Juez de Oralidad) y Adriana Monter, ex magistrada supernumeraria; afirman que desde que Almazán Cué asumió su cargo, el Tribunal ha ido en decadencia. Desde su posesión, se han registrado cambios de área y de personal, en actividades que no corresponden a las que están preparados, debido a una persecución laboral en contra de quienes no se alinean a sus intereses.
Señalaron que existe un sistema de video vigilancia por cada pasillo del Tribunal, cuyas imágenes son monitoreadas desde una oficina privada de Juan Pablo Almazán, con el fin de aplicar un modo espía contra jueces de control o personal que no obedezca sus indicaciones, las cuales, tienen que ver en proteger a sus amigos, familiares o intereses personales, en la resolución de procesos judiciales.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos tiene cuenta de esta situación, sin embargo se ha mantenido frágil al momento de aplicar la justicia o realizar las recomendaciones necesarias. Un caso reciente, es el de la ex magistrada Adriana Monter, quien ganó un juicio de amparo para su reinstalación en el Tribunal, pero la CDEH le informó que su caso había quedado archivado por la «falta de materia». Se supo que Almazán Cué había adelantado el nombramiento del sustituto de Monter.
Explicó que ha estado laborando en el Tribunal desde hace 27 años; recientemente, en el año 2011 fue propuesta como magistrada supernumeraria, con la posibilidad de ser ratificada, a través de uan evaluación, al termino de su periodo de 6 años. Cuando su plazo estaba a punto de vencer, ella le pidió a Juan Pablo Almazán ser evaluada para su ratificación, luego de contar con el apoyo de varios magistrados, hecho que le molestó a él. Como respuesta, recibió negativas y la declaratoria de que él era quien podía apoyarla, solamente.
Otro caso, el que se interpone el favoritismo a ciertos empleados del Tribunal, es en la situación denunciada recientemente en contra de Javier Leyva Segura, Secretario de Estudio y Cuenta de la Quinta Sala Penal, quien fue denunciado por violentar la integridad de su pareja y que debido a que es «un tema de su vida privada», Almazán Cué descartó realizar una investigación contra el empleado denunciado.
Así, más casos de hostigamiento laboral, Emilio Ortiz Monroy, juez en el Tribunal, aseguró haber sido removido de su adscripción porque en 2018 se negó a acatar la instrucción de Almazán Cué, de votar por quien era su candidato a presidir la Asociación de Jueces en el Estado.
Por su parte, el juez Julián Ruiz Contreras solicitó su cambio del nuevo Sistema de Justicia Oral y Acusatorio al Sistema Judicial Tradicional, “eso molestó al magistrado Almazán Cué y en represalia emprendió constantes cambios de adscripción de mi persona a distintos juzgados del interior del estado y de la propia capital, privándome con ello de mi derecho de estabilidad e inamovilidad judicial”, expuso el juez en los documentos entregados al presidente López Obrador y al Congreso local.
A pesar de las diversas denuncias en contra del Presidente del STJ en el Estado, la CDEH ha favorecido el estancamiento de las mismas, toda vez que el no ha emitido ningún llamado al Presidente.
