El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GP PVEM) en San Luis Potosí, José Luis Fernández Martínez, destacó los avances significativos en la lucha contra la pobreza en el estado, informando que más de 150,000 potosinos han salido de las condiciones de pobreza extrema en tan solo dos años. Estas declaraciones fueron emitidas en el contexto del segundo informe de gobierno estatal.
Fernández Martínez resaltó la importancia de la colaboración entre los poderes Legislativo y Ejecutivo en San Luis Potosí, lo que ha permitido avanzar en temas fundamentales para el bienestar de la población. Además, señaló que los programas sociales, que fueron incorporados a la Constitución del estado en colaboración con el Congreso, ahora se han convertido en un derecho constitucional para todos los habitantes de San Luis Potosí.
El diputado del PVEM elogió el compromiso del gobernador y su equipo de trabajo en la inversión en infraestructura, subrayando que desde el inicio de su administración se ha trabajado incansablemente para transformar al estado y elevar su estatus a nivel nacional.
Fernández Martínez también destacó logros específicos, como la resolución de un conflicto que había perdurado por más de dos décadas, el Circuito Potosí, que ahora brinda una conectividad de alta calidad en la zona metropolitana y ha mejorado la movilidad en el estado.
El diputado enfatizó que los resultados positivos no se limitan a una sola región, sino que se pueden observar en todo el estado, mencionando obras significativas en Ciudad Valles, Tamazunchale, Matehuala y Rioverde. Según él, esta inversión y desarrollo están comenzando a traducirse en una mejor calidad de vida para la población potosina.
El legislador concluyó afirmando que San Luis Potosí ha experimentado una transformación notoria en los últimos años, superando años de estancamiento y olvido para situarse en un camino hacia un futuro más prometedor.
El segundo informe de gobierno en San Luis Potosí se presenta como un reflejo de la colaboración efectiva entre los poderes y el compromiso de las autoridades para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, particularmente en la erradicación de la pobreza extrema.
