Hasta 60 mil pesos por persona recibía la empresa que denunció la desaparición de 23 indocumentados en el municipio de Matehuala, en San Luis Potosí, afirmó el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, quien lamentó que fueran los mismos denunciantes los que promovían este delito.
Declaró que las empresas guanjuatenses no contaban con registro para prestar servicios turísticos, porque su operación era dedicarse al coyotaje y entregar a indocumentados a la propia delincuencia organizada y que ella los llevara a las fronteras, cobrando una cantidad de dinero a sus familias.
Explicó que este domingo, las personas extranjeras serían entregadas al Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México, para que sean repatriadas con sus familias, mientras tanto reciben atención médica y apoyo social, con lo que el trabajo del Estado termina ahí.
Al respecto, defendió la creación de la División de Caminos de la Guardia Civil Estatal, que permite el fortalecimiento de la vigilancia en carreteras federales, mediante un convenio con el Gobierno Federal: «San Luis Potosí va a ser el primer estado de las 32 entidades que cuente con una Policía de Caminos en carreteras federales», dijo.
