A lo largo y ancho del país, se han contabilizado gran cantidad de casos de agresiones o actos de discriminación a personal de salud, como médico y enfermeras, desde que comenzó la pandemia por COVID-19. San Luis Potosí, está entre las 12 entidades con más casos.

Por esto, el diputado local Eugenio Govea Arcos, del Partido Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para que la Ley pueda castigar hasta con 9 años de prisión o con una multa de casi 40 mil pesos, a quien agreda a médicos, enfermeros o cualquier otro personal de salud, por motivos de la pandemia.

El legislador señaló que el sector salud continua con sus actividades de cuidado de pacientes con síntomas de este virus, así mismo, trabaja arduamente en la atención de personas sospechosos, lo que debe enaltecerse y reconocer, por parte de las personas.

Pero no todo a sido así, pues a pesar de que se sabe del esfuerzo de todos los trabajadores en clínicas y hospitales, se han suscitado agresiones en su contra, ante el temor, de la ciudadanía, de ser infectados por el virus, ante una desinformación sobre el tema.

La iniciativa de reforma a la Ley, incluye modificaciones al artículo 277 del Código Penal del Estado, el cual indica «a quien ejecute actos violentos o agresivos en contra de un servidor o funcionario público, se le aplicará de uno a seis años de prisión y sanción pecuniaria de cien a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA)».

La iniciativa propone que cuando la conducta descrita sea cometida en contra de cualquier servidor público que pertenezca al Sistema Estatal de Salud durante el periodo que comprenda la declaración de una emergencia sanitaria, la pena de prisión y la sanción pecuniaria deberán aumentarse hasta en una mitad más.

Así, a quien cometa actos violentos o agresivos en contra de personal médico durante la emergencia sanitaria en el estado de San Luis Potosí, se le aplicará una pena de prisión de hasta nueve años y sanción pecuniaria de hasta 450 UMA, es decir, una cantidad de 39 mil 96 pesos.